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Editorial
El carácter del patrimonio y el paisaje de las obras públicas
Lo más difícil es alumbrar categorías de valores, decía José Antonio Fernández Ordoñez, que nos permitan entender las cosas. La pregunta, por tanto, sobre si las obras públicas tienen valores patrimoniales y paisajísticos propios que nos permitan caracterizarlas, parece pertinente.
Es sabido que el primero que interpretó la conservación del patrimonio como una teoría de valores fue Alois Riegl a comienzos del siglo XX, con El culto moderno a los monumentos (1903), asociando la definición del monumento a los valores que lo han investido en el curso del tiempo y distinguiendo entre los valores que están ligados al pasado(o de rememoración), como el valor de antigüedad, de aquellos relacionados con la contemporaneidad, que conciernen a las obras modernas, con nuevas formas a partir del siglo XIX. En cualquier caso, para que un bien sea patrimonio, parece que tiene que pasar un tiempo para que la sociedad lo acepte como “bien heredado”.
La consideración de monumento histórico ha presidido las legislaciones patrimoniales durante todo el siglo XX,e incluso el XXI, considerando que solo los bienes aislados reúnen valores que les hacen dignos de proteger, aunque el ingeniero italiano Gustavo Giovanoni (1873-1943) ya introdujo el concepto de “patrimonio urbano” en 1913, para poner en valor los tejidos urbanos antiguos, atribuyéndoles valores de antigüedad y de uso, e introduciendo instrumentos urbanísticos para su protección. Por tanto, a partir de entonces, los valores patrimoniales introducen la naturaleza y las dimensiones urbanas del bien, considerando la ciudad histórica como un monumento y fundando, como dice Françoise Choay, una nueva doctrina para la conservación y restauración del patrimonio urbano.
La dimensión de lo construido como recurso cultural estaba también en la figura premonitoria de Patrick Geddes, que, en su libro Ciudades en evolución (1915), se lamentaba de la destrucción de las obras de ingeniería y las terrazas “reliquias de la antigüedad, mucho más importantes y notables que los mismos templos y catálogos que exploran nuestros arqueólogos”. El espacio, como una realidad fundamentalmente social y cultural, resultante de la acción del hombre sobre la naturaleza, diferente en cada momento y en cada acción concreta, estará detrás de la concepción más moderna del concepto de patrimonio, que el Convenio Europeo del Paisaje del año 2000 integrará en el concepto de “Paisaje Cultural”.
Otro concepto integrador, para aproximarse a la dimensión territorial del patrimonio de las obras públicas, es el de “territorio histórico”, en el que se incluyen no solo las formas edificadas, sino también las parcelaciones, los trazados de las obras lineales de ingeniería, los aprovechamientos de agua, los riegos, las edificaciones generadas por la ley del camino. Los caminos, las carreteras, los ferrocarriles y los canales nos remiten a valores patrimoniales, paisajísticos, que se manifiestan en la permanencia de una estructura en el territorio y sus modificaciones posteriores.
Por otra parte, la ampliación cronológica que se producirá desde mediados del siglo anterior hacia los bienes procedentes del desarrollo industrial, entre los que se incluirán obras de ingeniería civil como los puentes, los ferrocarriles, los canales y las carreteras, harán más confusa las categorías de bienes de las administraciones (por ejemplo, en España, con las autonómicas) para la caracterización del patrimonio de las obras públicas.
El conjunto de cualidades que permiten caracterizar las obras públicas, diferenciándolas de otro tipo de obras, como, por ejemplo, las de arquitectura (aunque algunas puedan aproximarse a este campo), o las derivadas de la industria a partir del siglo XIX (aunque determinadas obras sean el resultado de la revolución industrial), tienen que ver con su funcionalidad de comunicar, conducir, proteger, abastecer, sanear, almacenar y cubrir.
Los caminos, las carreteras, los ferrocarriles y los canales nos remiten a valores patrimoniales y paisajísticos
La asociación de las obras públicas y de los propios ingenieros con los valores técnicos y de utilidad, en su proyecto y construcción, sin tener en cuenta los otros valores, nos ha alejado del mundo de la cultura, olvidando que las obras públicas tienen la capacidad de crear múltiples lugares, como elementos fundamentales en la construcción del territorio, que no serían posibles ni reconocibles sin su presencia.
No definirá precisamente esta característica, mejor que ninguna otra, su carácter patrimonial, por su permanencia en el tiempo, y su capacidad de integrarse en la naturaleza, como una nueva naturaleza, reconocible por parte de quienes la recorren, la usan, la miran, la habitan. Es lo que ha ocurrido con las obras del pasado, que se han ido adaptando a nuevos usos, y que no generan rechazo para asignarles un carácter patrimonial, y lo que ocurrirá con las obras del presente.
Si nos fijamos, como decíamos en el editorial del número 3633, en los valores patrimoniales que se han asignado a las obras públicas, como los que atribuía José A. Fernández Ordoñez a mediados de los años 80 (el histórico, el simbólico, el científico, el estético, el de uso), eran todavía dependientes de los que había establecido Alois Riegl a principios del siglo XX para los monumentos, sin tener en cuenta la propia evolución del concepto de patrimonio, integrando los conceptos de patrimonio urbano, patrimonio industrial o la propia dimensión cultural, territorial y paisajística de otros tipos de patrimonio.
En el catálogo de la exposición realizada por el CEHOPU a mediados de los años 80 sobre La Obra Pública. Patrimonio Cultural, en el ámbito tipológico no aparecían los ferrocarriles con sus estaciones e instalaciones singulares; tampoco los trazados de los ferrocarriles ni de las carreteras de los siglos XVIII, XIX y XX, ni las presas,ni las centrales eléctricas, ni los poblados para su construcción, ni los muelles edificios, embarcaderos de los puertos, ni las fábricas hidráulicas, ni los muros y defensas de los ríos, ni los abastecimientos y saneamientos de los siglos XIX y XX.
En el ámbito geográfico, no solo era muy limitado respecto a lo realizado por los españoles en otros países, especialmente en Iberoamérica y Filipinas, a pesar del libro publicado por Ignacio González Tascón y el CEHOPU sobre Ingeniería española en ultramar. Siglos XVI-XIX. El ámbito geográfico, por otra parte, no se limita a lo realizado por los españoles en otros países, sino también a la dimensión territorial y paisajística de este patrimonio, que no estaba en la Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985, porque no existía la categoría adecuada.
El propio Fernández Ordoñez, siguiendo las reflexiones de Arturo Soria, a comienzos de los 90, respecto a los Caminos de Santiago, consideraba elementos estructurantes a nivel territorial las obras públicas, para superar la atención a las obras singulares y pasar a su entendimiento como parte del territorio habitado, como una construcción humana e histórica, afectando no solo a la política de protección de las obras públicas, sino también al propio proyecto de las obras públicas nuevas.
Desde este planteamiento, la aproximación a la dimensión territorial del patrimonio de las obras públicas es doble. Por una parte, el papel estructurador que tienen los caminos históricos, como los de Santiago, hay que atribuírsela también a otros caminos, como los reales y las carreteras de los siglos XVIII, XIX y primeras décadas del XX; a los canales de riego y navegación, como el de Castilla y el Imperial de Aragón; al ferrocarril, con sus estaciones de parada; a los puertos, con las sucesivas ampliaciones de muelles y diques, junto con los edificios portuarios, de un patrimonio que reivindicamos también aquí con el artículo de Joan Alemany.
En apoyo de este valor, como decíamos también en el número anterior, está toda lo documentación de los planos, memorias de los proyectos, que ha permanecido en los archivos, al menos a partir del siglo XVIII, de Simancas, del Ejército, de la Administración, de la Jefatura de Carreteras, de las Autoridades Portuarias, de las confederaciones hidrográficas, cuando los proyectos no han sido transferidos a las comunidades autónomas. Este patrimonio documental no solo tiene el valor de la explicación del proyecto, sino también el de identificar una etapa anterior de construcción del territorio.
La dificultad de asignar un valor territorial al patrimonio de las obras públicas, como hizo Galicia en 1996 asignando a los Caminos de Santiago su “Territorio histórico” y estableciendo unos plazos para su delimitación (aunque luego se incumpliesen), es menor cuando hablamos en términos de Paisaje Cultural, para definir un determinado bien a escala territorial, como obras construidas por el hombre y por la naturaleza.
No hay una apuesta clara por el patrimonio de las obras públicas y el I Congreso de Patrimonio quiere representar un cambio de tendencia
Este valor paisajístico es asociable al paisaje transformado por los canales de riego y navegación; a las carreteras y vías de ferrocarril históricas, que han tenido una capacidad de creación de lugares; a aquellos bordes portuarios transformados por muelles, rampas y diques; a los puentes, e incluso a las presas con sus embalses, cuando no han rebasado determinadas dimensiones y se integran a la escala y dimensiones del lugar.
Ello no está exento de contradicciones a las que también hacíamos referencia en el número 3633. Las obras de los ingenieros e ingenieras de caminos, canales y puertos se justifican como superadoras de obstáculos que limitaban las obras anteriores al tráfico, a la superficie de abrigo y de atraque de los puertos, a la conquista de la velocidad.
Lo mismo puede ocurrir con las obras hidráulicas, a las que hace referencia este número de la Revista de Obras Públicas, coordinado, como el 3633, por Rita Ruiz, a la que hay que agradecer nuevamente su esfuerzo, como expresión de la preocupación que por este tipo de patrimonio tienen los jóvenes ingenieros e ingenieras.
La valoración que hace la sociedad del patrimonio de las obras públicas se debe complementar con la valoración que hacemos nosotros mismos desde la Administración, los colegios y asociaciones profesionales, desde la Universidad. La conclusión es que no hay una apuesta colectiva, a pesar del I Congreso Internacional del Patrimonio de la Obra Pública y de la Ingeniería Civil, que celebraremos en septiembre en Cuenca, Toledo y Madrid, dedicado a Construir el paisaje y activar el turismo, y que quiere representar un cambio de tendencia.
Si la mayoría de las obras públicas no tienen ningún tipo de protección por parte de las comunidades autónomas (por no estar ni siquiera inventariadas, catalogadas o ser BIC), el ingeniero actuará en los nuevos trazados sin tenerlas en cuenta, sea una carretera, un ferrocarril, un canal de riego, un tramo de un río, un tramo del litoral o la ampliación de un espacio portuario. Intervendrá, por tanto, en el territorio sin otros valores que los que determine la Administración autonómica de los bienes que hay que proteger más allá de la sensibilidad de los propios proyectistas y de la propia Administración.
En este número hemos recogido de forma intencionada una entrevista con José María Ballester, jefe del Área de Intervención del Instituto del Patrimonio Cultural de España, y le hemos preguntado por la viabilidad de un Plan Nacional del Patrimonio de las Obras Públicas. Su respuesta negativa y su defensa de la integración de este patrimonio dentro del patrimonio Industrial, el patrimonio arquitectónico contemporáneo y el patrimonio arqueológico, considerando una dificultad las competencias concurrentes, nos hace ver que todavía queda tiempo para este reconocimiento, al no entender desde la Administración su singularidad.
Por eso, cualquier esfuerzo que hagamos por identificarlo, valorarlo, restaurarlo, como ocurre con los ejemplos que recogemos en este monográfico, debe ser bienvenido.
El I Congreso Internacional del Patrimonio de las Obras Públicas y de la Ingeniería Civil, en el cual presentaremos este número monográfico de la Revista de Obras Públicas,esperemos que sirva para interiorizar en la Administración, en nuestra profesión y en otros profesionales, el valor de este patrimonio cultural, tanto del pasado como del inmediato presente. Esta es la apuesta del Colegio, de la Asociación, del CEDEX, de la Fundación Juanelo Turriano, que, entre otros, se han unido para apoyar el Congreso.